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Un estudio pionero impulsado por Inserta Empleo de la Fundación ONCE revela que más del 40 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género
La Generalitat, a través de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, ha puesto de relieve la necesidad de incorporar de forma sistemática la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de la violencia sobre las mujeres.
Así lo ha trasladado la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, durante su participación en la jornada ‘Visibilidad de una realidad oculta a través del dato: mujer, discapacidad y violencia’, centrada en dar visibilidad a la violencia de género que sufren las mujeres con discapacidad.
El encuentro ha servido para dar a conocer los resultados de un estudio pionero impulsado por Inserta Empleo, entidad de la Fundación ONCE para la formación y el empleo de las personas con discapacidad, que ha puesto de manifiesto que en el 71 % de los casos, la violencia se ejerce cuando ya existe discapacidad, lo que evidencia la especial vulnerabilidad de este colectivo. En este sentido, el 40,4 % de las mujeres con discapacidad ha sufrido violencia de género, siendo en el 27,6 % de los casos la discapacidad consecuencia directa de esta violencia.
“Este diagnóstico nos interpela a todos en la necesidad de hacer visible una realidad que se construye en la intersección de tres ejes de desigualdad: ser mujer, tener una discapacidad y sufrir violencia; y que ha permanecido oculta durante demasiado tiempo”, ha destacado la secretaria autonómica.
Asunción Quinzá ha hecho hincapié en que las mujeres con discapacidad no solo se enfrentan a la violencia de género, sino que se encuentran “con mayores dificultades para identificar la violencia; dependencias económicas, físicas o de cuidados; falta de accesibilidad en los recursos de atención; desconfianza o incredulidad cuando denuncian e invisibilización institucional. Todo ello configura un escenario de mayor vulnerabilidad, pero también de mayor resistencia”.
Por este motivo, la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad ha reiterado el compromiso del Consell en transformar este conocimiento en políticas, recursos y cambios reales, mediante la incorporación sistemática de la perspectiva de discapacidad en las políticas contra la violencia de género, la mejora de la accesibilidad de los recursos y servicios, la formación especializada de los y las profesionales, la recogida de datos desagregados que sigan reflejando esta realidad, y, sobre todo, el reconocimiento de las mujeres con discapacidad como sujetos de derechos, no como objetos de protección.
Acciones centradas en la discapacidad
En este sentido, Quinzá ha recordado que el compromiso del Consell con la violencia en la discapacidad llevó a coadyuvar en la celebración del VIII Foro Social de Mujeres y Niñas con Discapacidad, celebrado en València y organizado por CERMI Comunitat Valenciana con el apoyo de la Generalitat. “Un foro que permitió dar voz en primera persona a las mujeres y niñas con discapacidad, así como a las madres y cuidadoras de personas con discapacidad de toda España, visibilizando sus necesidades, reivindicaciones y experiencias”, ha resaltado Quinzá.
En esta misma línea, desde el Consell “hemos reforzado nuestro apoyo a iniciativas impulsadas por asociaciones y entidades del ámbito de la discapacidad mediante la concesión de ayudas económicas destinadas a proyectos que promueven la igualdad, la autonomía y la participación plena”. Entre estos colectivos destaca la Asociación de Mujeres con Discapacidad Xarxa, cuyo trabajo resulta fundamental para impulsar el empoderamiento y la inclusión social de las mujeres con discapacidad en la Comunitat Valenciana.
Quinzá ha asegurado que desde la Administración autonómica se trabaja “para que nuestros recursos sean una respuesta real a las mujeres que sufren violencia. Por primera vez, desde la Generalitat hemos puesto en marcha la plataforma Svisual, en la atención en centros mujer, centros crisis y teléfonos de la red mujer, haciendo accesibles para las personas sordas los recursos para las víctimas de violencia sobre la mujer. Un hecho que representa una apuesta clara y decidida por hacer todos nuestros recursos accesibles para todas y todos”, ha explicado.
En última instancia, Quinzá ha subrayado que “la violencia de género contra las mujeres con discapacidad no es una cuestión sectorial, ni un problema de minorías. Es una vulneración grave de derechos humanos que interpela a toda la sociedad y, muy especialmente, a las instituciones públicas”, puesto que “no hay democracia plena si hay mujeres que viven con miedo. No hay igualdad real si hay mujeres a las que no llegamos. Y no hay políticas eficaces si no miramos donde durante años no se ha querido mirar”, ha concluido.
El estudio, cuyo objetivo principal se centra en analizar en profundidad la violencia de género entre las mujeres con discapacidad, atendiendo a todo el proceso e identificando necesidades y dispositivos de apoyo y ayuda, también refleja que el 76,3 % de las víctimas ha conseguido salir del ciclo de violencia; que en el 98,2 % de los casos la violencia se ejerce desde el entorno de la pareja o familia, y que tener cargas familiares facilita el hecho de denunciar al maltratador.
